Por Juan Carlos Martínez   La bien llamada batalla judicial desatada entre el gobierno y las corporaciones formadas por buena parte de la judicatura y los grandes medios de comunicación está en pleno desarrollo. Irá creciendo a medida que nos acerquemos a las elecciones previstas para este año.   La disputa se ha extendido al universo político y se incluye en la agenda prioritaria tanto de la oposición como del oficialismo.   Todo tiene que ver con el manejo de uno de los tres poderes del Estado, donde los sectores más retrógrados de la Argentina han construido una sólida base de sustentación.   La batalla se libra entre quienes se resisten a cualquier intento de cambio y entre quienes pretenden introducir nuevos vientos para purificar de alguna manera el aire contaminado que se respira en los tribunales de todo el país.

Por Juan Carlos Martínez   Lo primero que tengo que decir para evitar aviesas interpretaciones es lo que pienso del diario Clarín. Lo he dicho repetidas veces en artículos periodísticos y con mayor precisión en mi libro La Apropiadora donde relato la forma en que Ernestina Herrera de Noble se apropió de dos criaturas durante la dictadura.   En el mismo libro me he referido a la forma en que esa empresa se convirtió en propietaria de Papel Prensa junto con La Nación y La Razón y con otro socio de lujo: la misma dictadura.   Aunque no lo digan, son estas dos cuestiones las que realmente preocupan al Grupo Clarín y son las que motorizan su enfrentamiento con el gobierno nacional.   Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Nada menos.   También he dicho que no todos sus periodistas deben ser metidos en la misma bolsa habida cuenta que hubo y hay profesionales respetables y que no pocos de ellos no ocultan sus disidencias con la actual línea editorial del medio.   Dicho esto, no se puede omitir una opinión crítica sobre la actitud del jefe de gabinete del gobierno nacional cuando, frente a las cámaras de televisión, rompió algunas páginas del diario Clarín como expresión de repudio por el contenido de artículos que Jorge Capitanich consideró falaces.

Por Juan Carlos Martínez   El ascenso del cuestionado general César Milani abre un interrogante en la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional. Aunque todavía no ha habido un pronunciamiento judicial en torno de las denuncias, acusaciones y sospechas que pesan sobre la conducta de Milani durante el terrorismo de Estado, su designación como jefe del Ejército y la aprobación de su ascenso por parte del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo contradice la política asumida por el oficialismo desde la asunción de Néstor Kirchner.

Por Juan Carlos Martínez